Los efectos sociales de una crisis económica como la que se inició hace una década suponen un gran reto para el Sistema Público de Servicios Sociales de Cantabria, que tiene la obligación de dar respuesta a las necesidades básicas de sus ciudadanos y ciudadanas.

La escasez de recursos económicos en el seno de muchas familias cántabras, fruto de situaciones de desempleo, de trabajos precarios y del endeudamiento privado, entre otros motivos, ha generado nuevos perfiles de personas usuarias de los servicios sociales y nuevas demandas de atención de necesidades básicas que, si no son atendidas con prontitud, pueden derivar en situaciones de exclusión social. Ante este panorama de urgencia y necesidad, tanto las administraciones públicas como las entidades privadas de diversa configuración han dispuesto prestaciones y recursos que no siempre integran un modelo coordinado que pueda lograr la máxima eficiencia en la solución de los problemas que se plantean.

Con el objeto de paliar esta situación, la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria impulsó la redacción de un Plan de Emergencia Social para Cantabria (PESC), que fue aprobado por el Consejo de Gobierno del día 28 de enero de 2016. El objetivo de este plan plurianual es garantizar a la población en riesgo de exclusión social unos ingresos mínimos, el acceso a suministros básicos y a los servicios de salud, facilitar la movilidad y ofrecer medidas que mejoren los programas de inclusión laboral y comunitaria.

El Plan de Emergencia Social, en cuya elaboración participaron representantes del Gobierno de Cantabria, de la administración local y del tercer sector, recoge como medida transversal la creación y puesta en marcha de una Red de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis (en adelante la Red), como instrumento para definir criterios de actuación comunes ante la emergencia social de las instituciones que desarrollan actividades de protección social.

La Red surge así en un contexto complejo, tal y como se desprende del estudio “Mapa de recursos en Cantabria en materia de emergencia social”, realizado por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Dicho documento concluye que en Cantabria existen grandes necesidades sociales y una gran diversidad de requisitos y procedimientos para acceder a los recursos existentes en materia de emergencia social. También concluye que se hace necesario promover la coordinación entre las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro que atienden las situaciones de emergencia social de la ciudadanía de Cantabria, para lograr una respuesta lo más eficaz posible.

La Red se crea con el fin de coordinar la intervención en materia de emergencia social de aquellas entidades públicas y privadas que intervienen ante las situaciones de emergencia social que se sumen al proyecto. Esta nueva fórmula pretende, por una parte, que la intervención de los distintos agentes sea lo más eficaz y homogénea posible en todo el territorio, fruto de un trabajo conjunto, complementario y coordinado y, por otra parte, asegurar que dicha intervención sea digna, individualizada, integral, inmediata y normalizada, especialmente en el caso de existencia de personas menores de edad.

La Red se constituye como una fórmula de integración a la que se adhieran las administraciones públicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro que intervienen ante las situaciones de emergencia social que afecta a la ciudadanía de Cantabria. Asimismo, podrán integrarse en la Red aquellas entidades mercantiles cuya actividad esté relacionada con las líneas de actuación de la Red y que deseen colaborar en la puesta en marcha de todos o alguno de los protocolos que desarrolle la Red.

Por todo lo anterior, la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social tiene previsto desarrollar un Decreto en el que se apruebe la puesta en marcha de la Red de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis.

ALEGACIONES

El texto completo del citado proyecto puede ser consultado en la Dirección General de Política Social (Paseo General Dávila, 87, bajo, Santander) y en esta misma página como documento anexo. Dentro del plazo señalado, cualquier interesado podrá formular por escrito las alegaciones o aportaciones que considere oportunas respecto al contenido del proyecto de Decreto.

Las alegaciones se dirigirán a la Dirección General de Política Social y podrán presentarse en el Registro de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social (calle Lealtad, nº 24 de Santander) o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

PLAZO

El plazo para presentar alegaciones será de 20 días hábiles, a contar desde el primer día hábil siguiente al de su publicación en el BOC.

Publicación: 09/11/2017

Fin de plazo: 11/12/2017