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Ley de Prevención y Control Ambiental de Cantabria
Consulta pública Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

 

La principal normativa de Cantabria en materia de prevención y control ambiental es la Ley 17/2006, de Control Ambiental Integrado. Dicha norma tenía como objeto, como se expresa en su Preámbulo, rellenar los vacíos existentes y ejercitar decididamente las competencias que en materia de medio ambiente le atribuye a la Comunidad Autónoma de Cantabria su Estatuto de Autonomía. La Ley regula, de manera conjunta e integrada las técnicas que permiten evaluar, estimar y considerar, con carácter previo a su implantación, las actividades e instalaciones con potencial incidencia en el medio ambiente y que puedan afectar, en consecuencia, a la calidad de vida de los ciudadanos.

Las técnicas de control ambiental que la Ley contempla son tres y, junto con el registro de actividades ambientales, forman el sistema de control ambiental integrado. Esas tres técnicas son la autorización ambiental integrada, la evaluación y la comprobación ambientales. Las dos primeras son de obligada inclusión en la medida en que suponen el desarrollo de la normativa estatal básica vigente en aquel momento.  La tercera, que esta Ley denomina comprobación ambiental, supone una cláusula de cierre mediante la cual aquellas actividades que no hubieran quedado absorbidas por las dos técnicas anteriores y puedan eventualmente afectar, siquiera sea de manera indirecta, al medio ambiente completando, indica la Ley, la tarea de sustitución del viejo Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 1961.

La constante evolución de las normativas de la Unión Europea y del Estado en las materias reguladas por la Ley autonómica, ha determinado que buena parte de su contenido haya quedado superado por esas normas básicas. Así, legislación básica estatal en la actualidad está integrada por  la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que traspone al derecho interno la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas, la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; y el Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que compila y ordena todas las normas legislativas dictadas en transposición de sucesivas disposiciones comunitarias.

Por otro lado, y en cuanto a la normativa autonómica, la Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas ha modificado parcialmente, entre otros extremos, el régimen de la comprobación ambiental establecido en la Ley de Cantabria 17/2006, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de las exigencias ambientales en aquellas actividades económicas que pueden tener un impacto sobre el medio ambiente; unificando los requisitos para todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma; dotando de mayor seguridad jurídica a las actuaciones de los promotores y de la propia administración; mejorando los medios de intercambio de comunicación entre ayuntamientos y administración autonómica y agilizando los trámites administrativos en cuanto a presentación de informes y plazos de resolución.

Por todo lo expuesto, se considera necesario iniciar el procedimiento para la elaboración, en primer término, de un anteproyecto de Ley de Prevención y Control Ambiental de Cantabria que sustituya a la Ley 17/2006, siendo preceptivo, con carácter previo al resto de trámites que hayan de realizarse, recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de:

 

Los problemas que se pretenden solucionar con la norma:

El objetivo de la nueva Ley es actualizar la Ley 17/2006, de Control Ambiental Integrado, adecuando el marco normativo autonómico a las previsiones de la normativa básica estatal en la materia; evitando las duplicidades innecesarias; reforzando el uso de los mecanismos de simplificación administrativa que permite la normativa en materia de procedimiento administrativo común y régimen jurídico de las administraciones públicas; y garantizando la protección del medio ambiente como un principio rector esencial de la política social y económica que debe regir las actuaciones de los poderes públicos, tal y como establece la Constitución Española.

La necesidad y oportunidad de su aprobación:

La elaboración de una nueva Ley en materia de prevención y control ambiental es necesaria para alinear la normativa de Cantabria con las directivas europeas y la legislación básica estatal, reforzando las actuaciones en materia de prevención del daño ambiental mediante las técnicas adecuadas y de control de las actividades que puedan tener un impacto sobre la calidad ambiental de la región.

También se considera oportuno consolidar en la nueva norma la obligación de informar a la ciudadanía sobre el estado del medio ambiente de la región desde una visión integrada e integradora, más allá de los procedimientos reglados ya establecidos en la diferente legislación existente.

Por último, los nuevos retos que Cantabria tiene en materia de lucha contra el cambio climático, economía circular y bioeconomía, plasmados en la Declaración de Emergencia Climática para Cantabria acordada por el Consejo de Gobierno el 12 de diciembre de 2019, han de encontrar en esta nueva Ley, entre otras normas y estrategias, un instrumento adecuado para su logro.

Los objetivos de la norma:

La nueva Ley establecerá un sistema integral de prevención y control ambiental para los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades que vayan a realizarse en la Comunidad Autónoma de Cantabria susceptibles de incidir en la salud y seguridad de las personas y sobre el ambiente, y ajustado al marco básico estatal en la materia.

La utilización racional de los recursos naturales; la coordinación entre las administraciones; la simplificación de los trámites administrativos sin deterioro de la seguridad jurídica ni riesgos para el medio ambiente; la contribución eficiente de las técnicas de prevención y control a un desarrollo regional sostenible y a reforzar la aportación de Cantabria a la lucha contra el cambio climático serán objetivos de la Ley.

Así mismo, la prevención como herramienta clave para evitar la producción de daños ambientales; el control e inspección ambiental para identificar precozmente posibles daños y al causante de estos para que asuma las responsabilidades correspondientes; y la transparencia, información y participación pública como objetivos transversales completarán, junto con los que puedan proponerse y aceptarse a lo largo de la tramitación de la Ley, las metas a alcanzar por la nueva norma.

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:

No existe en este caso alternativa alguna regulatoria y no regulatoria apropiada, puesto que se trata de la derogación de una Ley vigente por aprobación de una nueva norma de igual rango.

 

La nueva Ley contemplará en sus disposiciones finales la habilitación reglamentaria para que por Decreto del Gobierno de Cantabria puedan modificarse los anexos que contendrán los proyectos y actividades sometidas a las diferentes técnicas de control ambiental cuando ello fuera necesario para actualizar, mejorar o aclarar su contenido con el fin de lograr una eficaz protección del medio ambiente, o bien, para adecuarlos al progreso y estado de la técnica, además de para dictar las normas reglamentarias de desarrollo que se precisen para la aplicación de la Ley.

Por todo ello, se somete a CONSULTA PÚBLICA la futura redacción de un anteproyecto de Ley de Prevención y Control Ambiental de Cantabria, y se dispone la publicación de la resolución en el BOC y en el Portal de Transparencia de Cantabria, a efectos de recabar la opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma, acerca de los siguientes extremos:

Los problemas que se pretenden solucionar con la futura norma.

La necesidad y oportunidad de su aprobación.

Los objetivos de dicha norma.

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Las aportaciones y opiniones deberán realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, a través del correo electrónico dgmedionatural@cantabria.es, en el Registro de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (calle Albert Einstein, 2, PCTCAN, C.P. 39011 Santander), o en cualquier otro registro o lugar de los previstos en el artículo 134.8 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Igualmente podrán ser presentadas a través del Portal de Transparencia de Cantabria en que se publicará la resolución, en el cuadro destinado al efecto y siguiendo las instrucciones contenidas en el mismo.

El plazo de presentación de aportaciones y opiniones será de treinta días hábiles a contar desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

 

ALEGACIONES

Fecha de inicio: 14/04/2021

Fecha de finalización: 25/05/2021

 

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