Se ha producido un cambio sustancial en el marco normativo básico estatal en la materia que se pretende regular al entrar en vigor las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además, los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, aprobados por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, respectivamente, continúan marcando las políticas que deben tener en cuenta las diferentes Administraciones Públicas a la hora de utilizar las tecnologías de la información y comunicación para el ejercicio de sus competencias.

Por todo ello y, en previsión que la nueva legislación básica supone el inicio de una transformación de la organización y actividad administrativa,  surge la necesidad de regular nuevamente el uso de medios electrónicos para su adaptación a las previsiones del nuevo marco legislativo básico, en especial, los sistemas de identificación y firma electrónicos admitidos, notificaciones electrónicas, archivo y gestión documental entre otros aspectos, lo que aconseja aprobar un nuevo decreto que adecué el régimen jurídico de la administración electrónica autonómica, pero a diferencia del contenido regulado en el anterior Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, en estos momentos ante el detalle y extensión de la legislación básica, esta nueva norma se limita a desarrollar solo aquellas cuestiones donde existe un margen de decisión y autoorganización autonómica.

La competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria para efectuar el desarrollo de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, viene dada por su propia naturaleza de norma básica, así como por el título competencial que ostenta la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de organización, régimen, funcionamiento y procedimiento administrativo, conforme a los artículos 24.1  y 24.32 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria.

Es por ello que se considera necesario actualizar las normas que, en este ámbito, la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene en vigor, en concreto el Decreto 37/2012, de 13 de julio, por el que se regulan el registro, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos públicos, y el Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Así, se somete a información pública el proyecto de Decreto para regular el régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el uso de medios electrónicos en su actividad administrativa y sus relaciones con los ciudadanos, que puede ser consultado en los documentos anexos a este proceso.

CONSULTA Y PLAZOS:

El proyecto está a disposición del público en las dependencias de la Dirección General de Organización y Tecnología, de la Consejería de Presidencia y Justicia, en horario de 9.00 a 14.00 horas (c/ Peña Herbosa 29, Santander) y también en los documentos anexos a este proceso.

Las alegaciones o sugerencias se dirigirán por escrito a la Dirección General de Organización y Tecnología de la Consejería de Presidencia y Justicia, pudiendo ser presentadas en el Registro general, así como en los Registros u oficinas establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Plazos: 10 días hábiles

Comienzo: 24/10/2018

Final: 07/11/2018