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Proyecto de Decreto que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública.
Proyecto de Decreto que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública.
21 septiembre, 2018
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La Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública tiene por objeto regular la transparencia de la actividad pública en Cantabria en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos, siendo un instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad pública tanto de las entidades públicas como de las privadas con financiación o participación pública.

Para profundizar en esas cuestiones, la disposición final primera de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, habilita al Gobierno de Cantabria a dictar el desarrollo reglamentario de la norma, estableciéndose que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, se haya aprobado el desarrollo reglamentario.

Así pues, este precepto legal es el fundamento del Decreto que se somete a información pública, pretendiéndose con ello, aparte de cumplir el mandato, regular de forma más nítida aspectos que ya la ley establece de forma amplia, como es el caso de las obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información, el régimen de reclamaciones y el régimen sancionador en materia de transparencia. Junto a ello, el proyecto de decreto que se somete a información pública también regula otros aspectos, incorporando un desarrollo de la organización administrativa de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público en materia de transparencia, quienes y en qué plazo deben facilitar la información y, en cierto modo, el régimen supletorio de las funciones asignadas al Consejo de Transparencia de Cantabria.

El proyecto de decreto se ha realizado con plena adecuación a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia; todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Respecto a los principios de necesidad y eficacia, la norma se adecúa a un objetivo de interés general, como es el de fortalecer uno de los pilares básicos de Gobierno Abierto. Así, en términos de eficacia, el proyecto se considera el instrumento más adecuado para aclarar el alcance de las obligaciones previstas en la Ley 1/2018, de 21 de marzo. Y en términos de necesidad, gracias a la información que recibirán los ciudadanos y a los mecanismos de participación que se ponen a su disposición, aquellos serán capaces de influir en los aspectos y decisiones públicas que les afectan más directamente y de exigir actuaciones por parte de los poderes públicos gracias a un mejor escrutinio.

El borrador de reglamento es coherente también con el principio de proporcionalidad, pues es el medio necesario y suficiente para desarrollar los mandatos legales. Las obligaciones que se imponen a los sujetos afectados son las imprescindibles para asegurar una correcta aplicación de los principios previstos en la Ley 1/2018, de 21 de marzo, limitándose a concretar su alcance. Además, la norma pretende introducir toda una serie de previsiones con el fin de simplificar y agilizar el procedimiento correspondiente al ejercicio del derecho de acceso y reforzar las garantías del interesado, asegurando una aplicación restrictiva de los límites y causas de inadmisión previstas en la Ley.

El principio de seguridad jurídica también se cumple, pues el proyecto de reglamento viene a concretar plazos y trámites, evitando dudas interpretativas, y precisa conceptos jurídicos indeterminados con el fin de asegurar una aplicación restrictiva y siempre justificada y proporcionada de las causas de inadmisión o límites al ejercicio del derecho de acceso tal y como propugna la propia Ley de Cantabria 1/2018.

Por último, la norma también supone una mejora del principio de transparencia, pues refuerza las garantías que lo rodean, favoreciendo su cumplimiento, y es coherente con el principio de eficiencia, siendo uno de sus objetivos completar el marco normativo existente en materia de transparencia en nuestra Comunidad Autónoma.

El proyecto de reglamento se estructura de modo similar a como lo hace la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo. Así, consta de cuatro títulos, que se complementan con cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

En definitiva, se trata de elaborar una norma que coordine e implante la política de transparencia en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el resto de sujetos obligados.

Como primer paso para la tramitación de la norma,  dada la importancia y trascendencia de la materia a que se refiere el citado proyecto normativo, se ha considerado oportuno someterlo a información pública, de conformidad con el artículo 119.3 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el 133.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA:

De conformidad con lo establecido en la Instrucción para la tramitación de proyectos normativos de la Consejería de Presidencia y Justicia de 12 de julio de 2017, se solicita el inicio del trámite de información pública, por espacio de 15 días hábiles, del proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 1/2018, de 21 de marzo, de transparencia de la actividad pública, con la incorporación del borrador de la norma para que los ciudadanos y ciudadanas puedan expresar sus opiniones, sugerencias y alegaciones.

El proyecto estará a disposición del público en las dependencias de la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía, de la Consejería de Presidencia y Justicia, en horario de 09.00 a 14:00 horas, ubicada en la calle Peña Herbosa, número 29, 4º planta de Santander y podrá consultarse en este mismo sitio como documento adjunto.

Las alegaciones o sugerencias al proyecto de Decreto deberán realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía de la Consejería de Presidencia y Justicia, pudiendo ser presentadas en su Registro General, así como en los Registros u oficinas establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

PUBLICACIÓN: 21/09/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 15/10/2018

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